"Intervención socioeducativa en el ámbito de la delincuencia y el entorno carcelario".

Durante esta sesión, fueron las compañeras Lucía Luna, Susana Luna, Maro Parra y Francisca Paulsen, las encargadas de desarrollar una ponencia acerca de las personas con privación de libertad, destacando tanto el perfil característico de las mismas, como las necesidades que presentan y las características de su intervención. Con ella, las compañeras pretenden hacernos ver la verdadera realidad a la que se enfrenta este colectivo, así como las dificultades existentes para lograr el objetivo que desde hace tiempo se pretende alcanzar con el mismo, la reinserción social, ya que los requisitos que propone la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, no pueden cumplirse en la actualidad. Dichos requisitos son:

• Individualización
• Progresión en el grado de condena, hasta alcanzar el llamado “tercer grado” y la libertad.
• Recibimiento de un tratamiento penitenciario a través de actividades terapéuticas para posibilitar la futura adaptación.
• El cumplimiento de la condena en lugares cercanos a la zona de arraigo social del preso.
• Comunicación con el exterior y permisos de salida.
  

Al igual que en otras exposiciones, la primera información que nos ofrecieron sobre el colectivo, hacía referencia a los estereotipos que la sociedad tenía del mismo y el efecto negativo que ello tiene sobre la reinserción. La mayoría de los prejuicios en este caso, se relacionan con la creencia de que estas personas tienen siempre un carácter violento, así como su incapacidad para desenvolverse con normalidad en la sociedad, hasta el punto de ser peligrosos para ella.

Respecto a lo anterior, debemos partir de la base de que en las instituciones carcelarias existen tantas variedades de presos, como de personas fuera de ellas, por lo que no podemos aplicarles generalizaciones sobre su comportamiento o capacidades. Así, aunque podamos determinar un perfil medio de preso en España e incluso identificar el subgrupo del que forma parte, (pues además de presos muchos son inmigrantes o drogodependientes por ejemplo), debemos evitar la extensión de este tipo de ideas en la sociedad en general. En este aspecto tendría una gran importancia la labor sensibilizadora de la Educación Social.

Tras hacer referencia a los estereotipos del colectivo, a continuación expondré algunos datos que demuestran la existencia de otros factores de riesgo que pesan sobre el mismo, como las condiciones de masificación de las cárceles.

Si atendemos a los datos ofrecidos por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, recogidos en el libro de R.Merino y G.de la Fuente, “Sociología para la intervención social y educativa”, vemos que se ha producido un aumento de hasta un 79% de presos en nuestras cárceles en las últimas décadas.

Según Miguel Santiago, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, el crecimiento de la población reclusa está relacionado con la pobreza y el consumo y tráfico de drogas, causas en las que los pasados gobiernos no hicieron tanto hincapié como en la construcción de nuevos complejos penitenciarios para abordar el ya citado aumento de presos. A pesar de esta política centrada en la mejora de las infraestructuras carcelarias, dichos centros son cada vez más ineficaces al no lograr siquiera evitar la reincidencia de los presos que ya albergan mediante el castigo de privación de libertad.

Con esto, vemos que el principal problema de las cárceles, se sitúa en la falta de financiación y apoyo real de los Tratamientos Penitenciarios para trabajar con estas personas su reinserción, atendiendo a sus necesidades individuales, en lo que influye el hecho de que el educador social tenga como veremos después, un papel secundario. Retomando el comentario sobre las necesidades individuales de los presos, destacar que esto se debe a que dentro del colectivo existen subgrupos como el de drogodependientes, que requieren de una intervención específica que les ayude a superar su adicción y a adquirir las habilidades necesarias para reinsertarse.

Partiendo de esta introducción sobre la situación del colectivo, las ponentes pasaron a explicarnos, bajo la identidad de varios profesionales implicados en el trabajo con el mismo, que características tiene éste y cuál es la función del educador social.

La primera de las ponentes, fue una educadora social empleada en el centro penitenciario, “Sevilla I”, que nos mostró las diferentes áreas de trabajo que la administración contempla en las cárceles con este colectivo, (área mixta; oficinas; trabajo en el interior de la prisión, con contacto directo con los presos), así como las diferentes formas en las que podemos llegar a trabajar en ellas.

En el caso de los educadores sociales, se nos requiere superar en primer lugar unas oposiciones concretas y luego realizar una serie de cursos específicos que complementen esta formación, a los que sólo tendremos acceso una vez seamos personal penitenciario.

Junto con la ponente, entre todos los compañeros especificamos las competencias que un educador social debería tener en este trabajo, destacando entre ellas, la capacidad de escucha y empatía, poseer conocimientos de trabajo en grupo, tener nociones de psicología, etc. Sin embargo, si algo se destacó por encima de todo, fue la necesidad de que los educadores creyeran en la posibilidad de reinserción de estas personas cuando desempeñaran con ellos sus funciones, para poder alcanzarla realmente.

Entre dichas funciones, caben destacar las de seguir personalmente los expedientes de los internos, trabajar con ellos la adquisición y mejora de habilidades sociales y de hábitos de higiene si es preciso, y en general, apoyar una socialización terciaria mediante la que podrán reaprender cómo adaptarse a la sociedad. Contra dificultades a esta labor, como destaqué anteriormente, encontramos la incapacidad de atender individualmente a los presos, debido a la masificación, o la de frenar fenómenos como el tráfico de drogas o la violencia en los centros, que hacen que el objetivo de la reinserción sea difícil de lograr.

No obstante, aunque la reinserción sea difícil, existen entidades dispuestas a colaborar para lograrlo y que en este caso actúan desde el Centro de Inclusión Social (CIS) situado en la prisión, como la “Pastoral Penitenciaria” y la “Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía”, (APDHA).

Centrándome en esta última entidad, destacar en base a lo expuesto por la “educadora” Virtudes Acosta, que ella se encarga de la defensa de los derechos básicos de las personas recluidas, garantizando su mínimo bienestar a través de las prestaciones o servicios que se les ofrecen. Así por ejemplo, teniendo en cuenta que la mayoría de estas personas no poseen formación académica alguna, el acceso a la educación es uno de los recursos que se les ofrece. Además de lo anterior, desde esta entidad también se trabaja con las madres reclusas que conviven en la cárcel con sus hijos, hasta que éstos cumplen tres años de edad, ayudándolas en su cuidado.

Respecto a esta última situación, en el aula se desarrolló un intenso debate a sobre la estancia de los hijos en las cárceles, puesto que desde algunas posturas se consideraba que se vulneraban sus derechos, a favor del de las madres, teniendo en cuenta que éstas podían perjudicarlos en ocasiones, como consecuencia de los problemas de drogadicción que pudiesen tener.

Personalmente, pienso que los derechos del menor son prioritarios con respecto a los de la madre, aunque la retirada directa de los mismos tampoco sería la mejor de las opciones puesto que también les perjudica. Por ello, la retirada sólo habría de efectuarse cuando además de la privación de libertad las mujeres tuviesen problemas añadidos que como el de la drogadicción, le impidiesen ocuparse totalmente de los hijos, mientras que si no es así, una vez cumplidos los tres años habría de favorecerse la salida de prisión de la madre para trabajar con ella en el exterior, su adaptación social.

A pesar de que se hicieron numerosas propuestas junto con las que yo expongo, considero que éste es un tema muy complejo para el que nunca habrá una solución idónea. Ante esto, quizá lo mejor sea trabajar con las mujeres recluidas de forma preventiva, antes de que queden embarazadas, advirtiéndolas de las condiciones en las que vivirían sus hijos luego, ya que considero que el principal problema es que éstas no son capaces de identificar con antelación los aspectos negativos de tal situación para ellos y que en ocasiones sólo ven esto como un recurso para alcanzar mejores condiciones dentro de la cárcel. Esto último, está recogido en la película española “Azul oscuro casi negro”.

Finalmente, desde la APDHA se nos advierte que no existe ningún protocolo de trabajo con los expresidiarios, que garantice su reinserción efectiva, aspecto en el que habría que incidir desde la Educación Social, junto con la necesidad de aumentar el número de profesionales de lo social dentro de las prisiones, para realizar un trabajo adecuado con los reclusos. A pesar de que no toda la sociedad apoya estas demandas, la realidad es que la privación de libertad por sí sola no es garantía de mejora de la situación de la persona y de la sociedad sino más bien de lo contrario, (contradicción como la que muestra la siguiente imagen), por lo que si queremos ese progreso la salida es invertir en la intervención socioeducativa sobre esos dos sujetos.