Cárcel y enfermedad mental, una mala combinación.

Relacionado con las dos ponencias anteriores y con la de salud mental, expongo a continuación algunos fragmentos del artículo publicado por la "Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía" que, titulado "Sanidad en prisiones andaluzas. Acciones de la APDHA relativas a enfermos mentales y salidas a especialistas", nos deja entrever que el daño que la cárcel causa a las personas con problemas de salud, es mayor del que imaginamos. Así, aunque no pase a anlizar detenidamente esta problemática específica, puesto que ya he dedicado entradas anteriores sólo a salud mental, me gustaría incidir en la sociedad, dando a conocer esta dura realidad.

Las personas presas no pueden acceder al derecho a la salud en igualdad de condiciones que el resto de la población. Se trata de una condena añadida a la privación de libertad no contenida en el fallo condenatorio pero aplicada casi con la misma severidad que éste.

En prisión encontramos enfermedades prácticamente erradicadas en el exterior como por ejemplo la tuberculosis padecida en un 5% (100 veces más que la población general según la Organización Mundial de la Salud) , el 41 % de hepatitis C, o el VIH, extendido e prisión entre el 15%, mientras que en el resto de la población afecta a un 0,3%.

En los centros penitenciarios únicamente se presta asistencia médica de carácter primario con una desorbitada ratio médico por paciente que actualmente está en 1 médico por cada 162 personas presas, mientras que sin embargo existe 1 funcionario de seguridad por cada 5 presos.

Por otro lado, hemos trabajado específicamente la problemática de los enfermos mentales en prisión porque nos escandaliza la situación de absoluto abandono por parte de las instituciones competentes en materia penitenciaria, de la salud y asistencia social. Para ellos no conocemos en Andalucía a la fecha de hoy ni programas específicos dentro de prisión, ni fuera. A ellos dedicamos un trabajo de estudio, con la idea de dar a conocer la alarmante situación que sufren, exigir a todas las Instituciones el cumplimiento de la legalidad y denunciar la absoluta pasividad de todos ellos con la vergonzosa situación de este colectivo.


http://www.apdha.org/media/saludmental07.pdf

"Atención a la problemática de drogodependencia, en relación con el entorno carcelario".

Continuando con la temática de la ponencia anterior, las compañeras Mar Roldán, Esther Verdugo, Inma Soltero y Ana Pichardo, organizaron una mesa redonda que desarrollada como si de un programa radiofónico se tratara, tenía por título, "Drogadicción en centros penitenciarios". En ella, participaron la psicóloga, el educador social y varios miembros de un Centro Terapéutico de Atención a las Drogodependencias y Adicciones, para contarnos sus experiencias en relación a la situación de este colectivo en las cárceles.

Para comenzar, es preciso aclara que dicho centro, está regido actualmente por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, ya que con la promulgación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, éste se considera un colectivo aquejado de dependencia que debe ser atendido por ello, bajo el derecho que proclama esta ley. Aunque esto pueda parecer positivo, como vimos en el seminario desarrollado por la trabajadora social de “ANCLAJE”, porque las personas tienen asegurado un derecho de atención irrevocable, es importante considerar como educadores que también tiene consecuencias negativas, asociadas con la sobrecarga del Sistema para la Autonomía y Atención a las Dependencias, ya que deberíamos trabajar con ello para evitar el empeoramiento de las intervenciones realizadas.

Situado ya el centro dentro de la red de servicios de protección pública, las compañeras comenzaron su exposición haciendo referencia al doble estigma que sufren las personas reclusas que también son drogodependientes, ya que a los prejuicios existentes contra las primeras, se unen los existentes contra las segundas. Además de a los propios prejuicios, se expuso que las drogas empeoran la situación de las personas encarceladas y la propia dinámica de estas instituciones, por lo que alcanzar objetivos como el de la reinserción requiere de un mayor trabajo aún.

En relación a la anterior idea, se enumeraron las características principales que definen el perfil de las personas drogodependientes en la cárcel, así como algunas de las consecuencias que el consumo tiene sobre ellos y su entorno social.

De esta forma, comprobamos que la mayoría eran hombre de entre treinta y cuarenta años, con poca formación y situados en un nivel socioeconómico medio-bajo, que han vivido normalmente en climas familiares negativos y han visto sus expectativas vitales poco cumplidas. Como consecuencias psicosociales más importantes encontramos por otra parte, la pérdida de arraigo social y habilidades sociales, que le permitan desarrollar luego una reinserción efectiva, e incluso la práctica del suicidio por aquellas personas incapaces de superar esa desadaptación.

Respecto al apartado anterior, la psicóloga del Centro Terapéutico nos advirtió que uno de los principales problemas que debían trabajarse con los presos drogodependientes, era su falta de consciencia sobre las consecuencias de la ingesta de estas sustancias, ante lo que resultaba primordial la función de los Módulos Terapéuticos dentro de dichos centros. Cuando este primer problema no se soluciona, resulta difícil que los drogodependientes estén dispuestos a abandonar el consumo en la cárcel y acaban recurriendo a personas con influencia dentro de dicha institución para obtener la droga, o incluso a sus propios familiares, con lo que empeoran aún más su situación. Junto a su situación social y jurídica, debemos considerar que el estado de salud del drogodependiente también empeora, bien por el consumo o por el padecimiento del "síndrome de abstinencia" debido a la falta de éste.


Tras delimitar las problemáticas asociadas a la drogodependencia en el entorno carcelario, la psicóloga del centro comenzó a exponer, en base a la relación de trabajo que mantienen con el centro penitenciario “La Ribera”, las condiciones de los servicios ofrecidos.

En primer lugar, comentó que éste es un centro de internamiento y tratamiento de la Junta de Andalucía que, abierto a todos los públicos, también acoge a un pequeño número de presos drogodependientes a los que se le permite acabar su condena allí. El motivo que lleva a los presos a acudir a él, puede ser el de superar su drogodependencia o bien evitar seguir en la cárcel, lo que supone algo negativo según nos comentaba, porque éste último tipo de personas no suele aceptar la dinámica de trabajo que allí existe y puede perjudicar al resto de personas del grupo.

Respecto a los programas que hacen allí, vimos que éstos se organizan en función de cuatro áreas, donde se destaca una doble vertiente de intervención, médica por una parte y social por otra, para trabajar tanto la desintoxicación física del drogodependiente, como la mejorar de sus competencias, habilidades y recursos para adaptarse de nuevo a la sociedad. Dentro de la vertiente social, es donde el trabajador y el educador social desarrollan funciones como la de tratamiento individualizado u orientación personal, para ayudar a estas personas a darle sentido a su vida más allá del consumo. Para lograr esto, se establecen normas y criterios de comportamiento básicos que todos deben respetar bajo riesgo de ser sometidos a una “intervención educativa”, dirigida en que sepan comprender las consecuencias de su comportamiento.

En relación a la intervención socioeducativa con este colectivo, los profesionales del centro evaluaron que en poco variaba de la intervención normal con drogodependientes, por lo que no debe existir miedo alguno. Además, si en algún caso se detecta el desarrollo de un comportamiento propio del entorno carcelario, se trabaja para que la persona comprenda que es perjudicial, lo elimine y adquiera un nuevo comportamiento más adecuado, un trabajo que puede llamarse de socialización terciaria.
Bajo mi punto de vista, otro aspecto crucial para el trabajo con este colectivo, es la capacidad de dar respuestas dinámicas y originales a las diferentes situaciones que se crean, con el fin de lograr siempre la motivación al cambio de estas personas. También es crucial que el educador social diseñe un modelo de intervención participativa, en el que sean los sujetos los que decidan qué trabajar.

De forma general, el Centro Terapéutico es para muchos de los presos drogodependientes, un ensayo de lo que sucederá cuando traten de reinsertarse de nuevo en la sociedad, una prueba en la que deben aprender a desarrollar sus propias soluciones para enfrentarse al mundo. Así, es como lo entendían tres de los miembros del centro, que habían sido drogodependientes y que, en dos de los casos, también habían sido presos.

Debido al valor de los testimonios ofrecidos en esta exposición, me gustaría destacar algunas de las conclusiones que he sacado de ellos y que pienso debemos tener como referencia en nuestra labor con este colectivo, debido a que nos ayuda a entender su realidad.

• Las prisiones han evolucionado favorablemente durante los últimos años, pero aún queda camino por recorrer, ya que es necesario destinarles más recursos y disminuir problemáticas como la masificación.
• La creación de los Módulos Terapéuticos en la cárcel ha sido todo un acierto. El paso por ellos debería ser obligatorio para todos aquellos que deseen acudir después a un Centro Terapéutico, y más que aconsejable para el colectivo de drogodependientes en general.
• Las administraciones deberían destinar mayores recursos a la población reclusa, no sólo dentro, sino también fuera de la cárcel. La fundación FADAIS, dedicada a los drogodependientes, es un buen modelo de ello, ya que con su trabajo permite la reinserción de muchas personas que fueron reclusas a causa de su drogodependencia.
• Los recursos a disposición de estos colectivos, deberían tener una mayor difusión, puesto que muchas personas desconocen su existencia y acuden a centros privados.
• La reinserción es un objetivo difícil en el que todos debemos colaborar, sobre todo la Administración Pública, facilitando el cambio progresivo de las cárceles desde su base gracias a profesionales de lo social como el educador, que debería implantar por ejemplo, una intervención basada en la participación.
  

"Intervención socioeducativa en el ámbito de la delincuencia y el entorno carcelario".

Durante esta sesión, fueron las compañeras Lucía Luna, Susana Luna, Maro Parra y Francisca Paulsen, las encargadas de desarrollar una ponencia acerca de las personas con privación de libertad, destacando tanto el perfil característico de las mismas, como las necesidades que presentan y las características de su intervención. Con ella, las compañeras pretenden hacernos ver la verdadera realidad a la que se enfrenta este colectivo, así como las dificultades existentes para lograr el objetivo que desde hace tiempo se pretende alcanzar con el mismo, la reinserción social, ya que los requisitos que propone la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, no pueden cumplirse en la actualidad. Dichos requisitos son:

• Individualización
• Progresión en el grado de condena, hasta alcanzar el llamado “tercer grado” y la libertad.
• Recibimiento de un tratamiento penitenciario a través de actividades terapéuticas para posibilitar la futura adaptación.
• El cumplimiento de la condena en lugares cercanos a la zona de arraigo social del preso.
• Comunicación con el exterior y permisos de salida.
  

Al igual que en otras exposiciones, la primera información que nos ofrecieron sobre el colectivo, hacía referencia a los estereotipos que la sociedad tenía del mismo y el efecto negativo que ello tiene sobre la reinserción. La mayoría de los prejuicios en este caso, se relacionan con la creencia de que estas personas tienen siempre un carácter violento, así como su incapacidad para desenvolverse con normalidad en la sociedad, hasta el punto de ser peligrosos para ella.

Respecto a lo anterior, debemos partir de la base de que en las instituciones carcelarias existen tantas variedades de presos, como de personas fuera de ellas, por lo que no podemos aplicarles generalizaciones sobre su comportamiento o capacidades. Así, aunque podamos determinar un perfil medio de preso en España e incluso identificar el subgrupo del que forma parte, (pues además de presos muchos son inmigrantes o drogodependientes por ejemplo), debemos evitar la extensión de este tipo de ideas en la sociedad en general. En este aspecto tendría una gran importancia la labor sensibilizadora de la Educación Social.

Tras hacer referencia a los estereotipos del colectivo, a continuación expondré algunos datos que demuestran la existencia de otros factores de riesgo que pesan sobre el mismo, como las condiciones de masificación de las cárceles.

Si atendemos a los datos ofrecidos por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, recogidos en el libro de R.Merino y G.de la Fuente, “Sociología para la intervención social y educativa”, vemos que se ha producido un aumento de hasta un 79% de presos en nuestras cárceles en las últimas décadas.

Según Miguel Santiago, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, el crecimiento de la población reclusa está relacionado con la pobreza y el consumo y tráfico de drogas, causas en las que los pasados gobiernos no hicieron tanto hincapié como en la construcción de nuevos complejos penitenciarios para abordar el ya citado aumento de presos. A pesar de esta política centrada en la mejora de las infraestructuras carcelarias, dichos centros son cada vez más ineficaces al no lograr siquiera evitar la reincidencia de los presos que ya albergan mediante el castigo de privación de libertad.

Con esto, vemos que el principal problema de las cárceles, se sitúa en la falta de financiación y apoyo real de los Tratamientos Penitenciarios para trabajar con estas personas su reinserción, atendiendo a sus necesidades individuales, en lo que influye el hecho de que el educador social tenga como veremos después, un papel secundario. Retomando el comentario sobre las necesidades individuales de los presos, destacar que esto se debe a que dentro del colectivo existen subgrupos como el de drogodependientes, que requieren de una intervención específica que les ayude a superar su adicción y a adquirir las habilidades necesarias para reinsertarse.

Partiendo de esta introducción sobre la situación del colectivo, las ponentes pasaron a explicarnos, bajo la identidad de varios profesionales implicados en el trabajo con el mismo, que características tiene éste y cuál es la función del educador social.

La primera de las ponentes, fue una educadora social empleada en el centro penitenciario, “Sevilla I”, que nos mostró las diferentes áreas de trabajo que la administración contempla en las cárceles con este colectivo, (área mixta; oficinas; trabajo en el interior de la prisión, con contacto directo con los presos), así como las diferentes formas en las que podemos llegar a trabajar en ellas.

En el caso de los educadores sociales, se nos requiere superar en primer lugar unas oposiciones concretas y luego realizar una serie de cursos específicos que complementen esta formación, a los que sólo tendremos acceso una vez seamos personal penitenciario.

Junto con la ponente, entre todos los compañeros especificamos las competencias que un educador social debería tener en este trabajo, destacando entre ellas, la capacidad de escucha y empatía, poseer conocimientos de trabajo en grupo, tener nociones de psicología, etc. Sin embargo, si algo se destacó por encima de todo, fue la necesidad de que los educadores creyeran en la posibilidad de reinserción de estas personas cuando desempeñaran con ellos sus funciones, para poder alcanzarla realmente.

Entre dichas funciones, caben destacar las de seguir personalmente los expedientes de los internos, trabajar con ellos la adquisición y mejora de habilidades sociales y de hábitos de higiene si es preciso, y en general, apoyar una socialización terciaria mediante la que podrán reaprender cómo adaptarse a la sociedad. Contra dificultades a esta labor, como destaqué anteriormente, encontramos la incapacidad de atender individualmente a los presos, debido a la masificación, o la de frenar fenómenos como el tráfico de drogas o la violencia en los centros, que hacen que el objetivo de la reinserción sea difícil de lograr.

No obstante, aunque la reinserción sea difícil, existen entidades dispuestas a colaborar para lograrlo y que en este caso actúan desde el Centro de Inclusión Social (CIS) situado en la prisión, como la “Pastoral Penitenciaria” y la “Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía”, (APDHA).

Centrándome en esta última entidad, destacar en base a lo expuesto por la “educadora” Virtudes Acosta, que ella se encarga de la defensa de los derechos básicos de las personas recluidas, garantizando su mínimo bienestar a través de las prestaciones o servicios que se les ofrecen. Así por ejemplo, teniendo en cuenta que la mayoría de estas personas no poseen formación académica alguna, el acceso a la educación es uno de los recursos que se les ofrece. Además de lo anterior, desde esta entidad también se trabaja con las madres reclusas que conviven en la cárcel con sus hijos, hasta que éstos cumplen tres años de edad, ayudándolas en su cuidado.

Respecto a esta última situación, en el aula se desarrolló un intenso debate a sobre la estancia de los hijos en las cárceles, puesto que desde algunas posturas se consideraba que se vulneraban sus derechos, a favor del de las madres, teniendo en cuenta que éstas podían perjudicarlos en ocasiones, como consecuencia de los problemas de drogadicción que pudiesen tener.

Personalmente, pienso que los derechos del menor son prioritarios con respecto a los de la madre, aunque la retirada directa de los mismos tampoco sería la mejor de las opciones puesto que también les perjudica. Por ello, la retirada sólo habría de efectuarse cuando además de la privación de libertad las mujeres tuviesen problemas añadidos que como el de la drogadicción, le impidiesen ocuparse totalmente de los hijos, mientras que si no es así, una vez cumplidos los tres años habría de favorecerse la salida de prisión de la madre para trabajar con ella en el exterior, su adaptación social.

A pesar de que se hicieron numerosas propuestas junto con las que yo expongo, considero que éste es un tema muy complejo para el que nunca habrá una solución idónea. Ante esto, quizá lo mejor sea trabajar con las mujeres recluidas de forma preventiva, antes de que queden embarazadas, advirtiéndolas de las condiciones en las que vivirían sus hijos luego, ya que considero que el principal problema es que éstas no son capaces de identificar con antelación los aspectos negativos de tal situación para ellos y que en ocasiones sólo ven esto como un recurso para alcanzar mejores condiciones dentro de la cárcel. Esto último, está recogido en la película española “Azul oscuro casi negro”.

Finalmente, desde la APDHA se nos advierte que no existe ningún protocolo de trabajo con los expresidiarios, que garantice su reinserción efectiva, aspecto en el que habría que incidir desde la Educación Social, junto con la necesidad de aumentar el número de profesionales de lo social dentro de las prisiones, para realizar un trabajo adecuado con los reclusos. A pesar de que no toda la sociedad apoya estas demandas, la realidad es que la privación de libertad por sí sola no es garantía de mejora de la situación de la persona y de la sociedad sino más bien de lo contrario, (contradicción como la que muestra la siguiente imagen), por lo que si queremos ese progreso la salida es invertir en la intervención socioeducativa sobre esos dos sujetos.